Hacienda investigará a los 30.000 contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal

La Agencia Tributaria ampliará las inspecciones de la amnistía fiscal a los 30.000 contribuyentes que se acogieron a la misma y comprobará si quienes regularizaron su patrimonio a través de dicha amnistía han cumplido también con la obligación de informar sobre la posesión de bienes y derechos situados en el extranjero.

De hecho, los contribuyentes que se acogieron a la amnistía están siendo sometidos a las mismas actuaciones que los demás, incluso “muchos de ellos” están siendo investigados por distintos delitos que pueden acabar ante los tribunales, según ha informado fuentes de Hacienda a Europa Press.

“Vamos a investigar todos los patrimonios en el exterior de quienes se acogieron a la mal llamada ‘amnistía fiscal’. Esta actuación incluirá comprobar que esas personas han tributado por las rentas obtenidas con esos bienes y derechos en el exterior, y si no ha sido así, se les exigirá el pago de los impuestos correspondientes”, subrayan desde Hacienda.

Además, el departamento de Cristóbal Montoro desmiente las voces que aseguran que el 30 de noviembre de este año prescriben los posibles delitos que hayan podido cometer quienes se acogieron a la amnistía (el plazo para hacerlo acabó el 30 de noviembre de 2012 y a los cuatro años prescriben los delitos) y añade que la amnistía fiscal en sí “no caduca” y que los datos aportados por la misma “siguen ahí y están a disposición de la Agencia Tributaria”.

Por ello, asegura que muchos de los que se acogieron a la regularización extraordinaria (que es el nombre oficial por el que se conoce a la ‘amnistía fiscal’) “han sido investigados y otros muchos van a serlo para comprobar que, frente a lo que hicieron en el pasado, ahora sí están cumpliendo son sus obligaciones fiscales”.

En este sentido, Hacienda recuerda que además de aflorar 40.000 millones y de recaudar casi 1.200 millones (la mitad de lo que se estimó inicialmente), la amnistía abrió las puertas a que miles de defraudadores se situaran desde entonces, “con sus nombres y apellidos”, dentro de la legalidad tributaria y bajo el control del fisco.
(La Vanguardia, 28-09-2016)