El Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, establece en su artículo 34, sobre moratorias de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, lo siguiente:

1. Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones que se establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
2. La moratoria en los casos que sea concedida afectará al pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social, en el caso de empresas a la CUOTA PATRONAL  y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
3. El otorgamiento de la moratoria no exime a las empresas de presentar las liquidaciones de cuotas a través de los procedimientos y plazos ya establecidos, así como a efectuar el ingreso de las aportaciones de los trabajadores cuenta ajena o asimilados a estos.

Esta moratoria no será de aplicación a los códigos de cuenta de cotización por los que las empresas hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial así como en las cuotas de recaudación conjunta, regulada en el artículo 24 Del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, como consecuencia de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor a que se refiere dicho artículo. Solicitud de las moratorias para empresas. Plazos de presentación de las solicitudes. Teniendo en cuenta que las moratorias se pueden solicitar, en el caso de las empresas, respecto de los períodos de liquidación de abril, mayo y junio, a ingresar respectivamente, en los meses de mayo, junio y julio de 2020, en los 10 primeros días naturales de cada plazo reglamentario de ingreso, la solicitud de la moratoria de cada período de liquidación se podrá presentar en los siguientes plazos: 1.Entre el 1 y el 10 de mayo: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes a los períodos de liquidación de abril, mayo o junio de 2020. Es decir, se podrá solicitar la moratoria de todos los períodos de liquidación indicados, o solo de uno de ellos o de dos. 2.Entre el 1y el 10 de junio: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes a los períodos de liquidación de mayo y junio de 2020.De la misma forma al caso anterior, se podrá solicitar la moratoria de los dos períodos de liquidación indicados, o solo de uno de ellos. 3.Entre el 1 y el 10 de julio: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes al período de liquidación de junio. Ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social respecto de las que se otorgue la moratoria en el pago En el caso de las empresas que no tengan autorizados un plazo de ingreso distinto a los establecidos reglamentariamente, las cuotas correspondientes a los períodos de liquidación de abril, mayo y junio se deberán ingresar en los meses de noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, respectivamente, y de forma simultánea con las cuotas de octubre, noviembre y diciembre de 2020. En el caso de los trabajadores autónomos, las cuotas correspondientes a los períodos de liquidación de mayo, junio y julio se deberán ingresar en los meses de noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, respectivamente, y de forma simultánea con las cuotas de esos mismos meses. Solicitud de las moratorias para trabajadores por cuenta propia Plazos de presentación de las solicitudes. Trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos teniendo en cuenta que las moratorias se pueden solicitar, en el caso de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, respecto de los períodos de liquidación de mayo, junio y julio de 2020, en los 10 primeros días naturales de cada plazo reglamentario de ingreso, la solicitud de la moratoria de cada período de liquidación se deberá presentar en los siguientes plazos: 1.Entre el 1 y el 10 de mayo: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes a los períodos de liquidación de mayo, junio o julio de 2020. Es decir, se podrá solicitar la moratoria de todos los períodos de liquidación indicados, o solo de uno de ellos o de dos. 2.Entre el 1 y el 10 de junio: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes a los períodos de liquidación de junio y julio de 2020. De la misma forma al caso anterior, se podrá solicitar la moratoria de los dos periodos de liquidación indicados, o solo de uno de ellos. 3.Entre el 1 y el 10 de julio: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes al período de liquidación de julio. Solicitud por período de liquidación: Se puede presentar una solicitud por cada período de liquidación respecto del que se pretenda acceder a la moratoria en pago de las cuotas o una solicitud que comprenda varios periodos de liquidación consecutivos.

Las empresas y trabajadores por cuenta propia pueden solicitar una moratoria en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social de 6 meses de duración y sin intereses, así como el aplazamiento de las deudas con la Seguridad Social a un tipo de interés reducido (0,5%). NOVEDAD DEL DIA 01/04/20  

Moratoria en el pago de cuotas y aplazamiento de deudas 

a) Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social (RDL 11/2020 art.34)

Se autoriza a la TGSS a otorgar moratorias sin intereses a las empresas y trabajadores por cuenta propia afectados por el COVID-19 siempre que reúnan los requisitos que se establezcan mediante Orden del MISSM. La moratoria no es de aplicación a los CCC por los que las empresas hayan obtenido exenciones como consecuencia de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor por el COVID-19.  Las moratorias que se concedan van a tener una duración de hasta 6 meses y afectarán al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta de los siguientes períodos de devengo:  – en el caso de empresas: entre los meses de abril y junio de 2020;  – en el caso de trabajadores por cuenta propia: entre mayo y julio de 2020.  En cualquier caso, se exige que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma (RD 463/2020).  Las solicitudes de moratoria deben presentarse, dentro del plazo de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso, de la siguiente forma:  – empresas: a través del Sistema RED. Deben presentar una solicitud por cada CCC donde figuren trabajadores respecto de los que se solicite la moratoria.  – trabajadores por cuenta propia: a través del Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la sede SEDESS.  La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los 3 meses siguientes al de la solicitud. No obstante, en las liquidaciones de cuotas que se practiquen a partir del momento en que se presente la solicitud se va a considerar realizada dicha comunicación.  Las solicitudes que contengan falsedades o incorrecciones en los datos facilitados, que den lugar a la aplicación de la moratoria, darán lugar a las sanciones correspondientes. El reconocimiento indebido de moratorias dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de la moratoria y al abono de recargos e intereses.    b) Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social (RDL 11/2020 art.35) Las empresas y los trabajadores por cuenta propia que no tengan otro aplazamiento en vigor, pueden solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020.  Las solicitudes se deben presentar antes del transcurso de los diez primeros días naturales del plazo reglamentario de ingreso.  El aplazamiento se va a conceder a un tipo de interés del 0,5%, en lugar del 3,75%  previsto con carácter general (LGSS art.23.5).      Consejo:  Puede aplazar sus deudas Si su empresa atraviesa dificultades económicas que le impiden pagar las cuotas a la Seguridad Social, sepa que tiene la opción de solicitar un aplazamiento del pago…ojo que hay interés (0.5%)  Dificultades. La normativa prevé un mecanismo a través del cual se pueden solicitar aplazamientos para el pago de las deudas que se tengan con la Seguridad Social. De este modo, si su empresa no va a poder pagar las cotizaciones, solicitando un aplazamiento conseguirá: 

• Evitar los recargos por ingreso fuera de plazo. 
• Si algún cliente le solicita que le presente un certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social, en dicho certificado aparecerá que su empresa no tiene ninguna deuda pendiente de ingresar. 

Unas sí, otras no. Pero no todas las deudas con la Seguridad Social pueden ser aplazadas: 

• En concreto, no podrá solicitar que le aplacen los pagos correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ni los pagos por las aportaciones de los trabajadores (la cuota laboral, ya que usted la ha detraído de la nómina de los trabajadores y, en teoría, ese dinero lo ha reservado para hacer el ingreso). Cuando le concedan el aplazamiento, la Seguridad Social le requerirá para que, en el plazo máximo de un mes desde la notificación, efectúe el pago de estas cuotas inaplazables. 
• Todas las demás deudas generadas con la Seguridad Social sí que pueden ser aplazadas (la cuota patronal, otros recargos, etc.). 

Garantías. Si su deuda es mayor de 30.000 euros, deberá ofrecer una garantía de pago, aunque, para deudas de hasta 90.000 euros, también puede evitar la garantía si el período solicitado es inferior a dos años y abona al menos un tercio de la deuda dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación de la resolución estimatoria del aplazamiento.  Podrá solicitar un aplazamiento sin necesidad de aportar garantías si la deuda es inferior a 30.000 euros. Tampoco deberá aportarlas si la deuda es inferior a 90.000 euros pero el aplazamiento es inferior a los dos años y paga de inmediato el 30%. 

Con efectos desde 2-4-2020, se establecen diversas medidas de apoyo al alquiler de las familias y colectivos más vulnerables, cuyos ingresos se han visto reducidos por la paralización de la actividad económica durante la crisis producida por el COVID-19.

Para la definición de « Situación de vulnerabilidad »: LEER MAS   Moratoria de deuda arrendaticia (RDL 11/2020 art.3, 4, 7 y 8)  Se establece la moratoria de la deuda arrendaticia para los arrendatarios de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-19. A estos efectos:  Hasta el 2-2-2020, los arrendatarios de vivienda con contratos sujetos a la LAU y en situación de vulnerabilidad económica pueden solicitar a su el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, cuando no hubieran llegado ya a un acuerdo al respecto.  Por su parte, el arrendador: 

• Cuando sea una empresa, entidad pública de vivienda o un «gran tenedor», en el en el plazo de 7 días laborables, ha optar entre: 

– la reducción de la renta  en un 50% durante el tiempo que dure el estado de alarma y los meses  siguientes –hasta un máximo de 4- cuando la situación de vulnerabilidad lo requiera; o  – una moratoria en el pago de la renta arrendaticia, de aplicación automática mientras dure el estado de alarma y  prorrogable en cada mensualidad hasta un máximo de 4, cuando la situación de vulnerabilidad lo requiera. 

• Si el arrendador fuera otro particular no considerado «gran tenedor», comunicará a la arrendataria, en el plazo máximo de 7 días laborables, las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento aplazado de la deuda que acepta o, en su defecto, las posibles alternativas que plantea en relación con las mismas. Si no acepta ningún acuerdo, el arrendatario en situación de vulnerabilidad puede acudir al programa de ayudas del RDL 11/2020 art.9 

Acordada la moratoria,  desde la siguiente mensualidad a la fecha de finalización del estado de alarma  o a la finalización del plazo de  4  meses otorgado,   la renta se abonará de forma fraccionada y sin intereses durante un mínimo de 3 años  aunque siempre dentro del plazo de vigencia del contrato o de sus prórrogas.  No obstante, la moratoria en el pago de la renta y el fraccionamiento de la misma, se levantarán cuando el arrendatario tenga acceso a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el RDL 11/2020 art.9.  Cuando el arrendatario se hubiera beneficiado de una moratoria sin reunir los requisitos para ello, será responsable de los daños y perjuicios y de los gastos generados por ello, que no podrán ser inferiores al beneficio indebidamente obtenido.    

Con efectos desde 2-4-2020, se establecen diversas medidas de apoyo al alquiler de las familias y colectivos más vulnerables, cuyos ingresos se han visto reducidos por la paralización de la actividad económica durante la crisis producida por el COVID-19. 

Se define como Situación de vulnerabilidad que se tendrán que acreditar:   Han de darse todas las circunstancias siguientes: 

1. Situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o la reducción de jornada por motivo de cuidados del arrendatario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, en caso de ser empresario. 
2. Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria: 

– Tres veces el IPREM, con carácter general; o sea inferior a 1.613€.  

IPREM 2020 : 537,80*3=1.613 

– cuatro veces el IPREM, cuando alguno de los miembros de la unidad familiar tenga una discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral; o sea inferior a 2.150€  

– cinco veces el IPREM (inferior a 2.689€), cuando el arrendatario padezca una parálisis cerebral, enfermedad mental, o discapacidad intelectual, con un grado reconocido igual o superior al 33%; sea persona con discapacidad física o sensorial reconocida igual o superior al 65%; o  tenga una enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral. 

Los anteriores  límites se deben incrementar:

–  en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar; 

– en 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental; 

– en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar. 

3. Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos de la vivienda habitual – electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua, servicios de telecomunicación fija y móvil, y cuotas de comunidad -, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. 

4. Que el arrendatario o cualquier miembro de la unidad familiar que habita en la casa no sea propietario o usufructuario de otra vivienda en España. Salvo: 

–  que  la propiedad o usufructo recaiga solo sobre una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento; 

– que se  acredite la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad; o 

– cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia. 

   A estos efectos se entiende por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.    Acreditación. Para la acreditación de estas circunstancias de especial vulnerabilidad económica han de presentarse los siguientes documentos: 

• Trabajadores por cuenta ajena: certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, de la situación de desempleo. En el mismo debe figurar la cuantía mensual percibida. 

• Trabajadores por cuenta propia: certificado expedido por la AEAT o por el órgano autonómico competente Autónoma, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado. 
• Número de personas que habitan la vivienda: libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, certificado de todas las personas empadronadas en la vivienda, al presentar los documentos y  en los 6 meses anteriores. 
• Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral. 
• Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar y escrituras de compraventa de la vivienda y de concesión del préstamo con garantía hipotecaria. 
• Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según el RDL 11/2020. 

• En caso de  no poder aportar alguno de los documentos relacionados,  declaración responsable justificando el impedimento que, en relación con la crisis sanitaria, le impiden hacerlo. No obstante, tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá de un mes de plazo para la aportación de los mismos. 

Sólo para  deudores hipotecarios o avalistas de estos que acrediten extraordinaria dificultad para atender al pago de la hipoteca (en el caso del avalista se resumirá a pedir al banco que primero agoten el patrimonio del deudor principal).   

Sólo sobre:  

• Vivienda habitual  
• Inmuebles afectos a actividad económica 
• Viviendas que se tengan alquiladas y que el inquilino haya dejado de pagar su renta arrendaticia en algún momento o en todo el periodo, pero sólo entre el día 14/03 y hasta un mes después de la finalización del estado de alarma.  

Se define supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia del COVID-19 cuando el deudor hipotecario este en una de estas situaciones:  

– si es trabajador por cuenta ajena: que pase a estar en situación de desempleo por el Covid19; 

– si es empresario o profesional: que sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas (al menos del 40 %). 

• Ingresos de los miembros de la unidad familiar que en conjunto no superen en el mes anterior a la solicitud de la moratoria los siguientes límites: 

• Cuota hipotecaria, más gastos y suministros básicos, superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. 
• Circunstancias económicas de la unidad familiar que hayan sufrido una alteración significativa, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, a consecuencia de la emergencia sanitaria. Se entiende que se ha producido esa alteración cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3. 

Por unidad familiar se entiende la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.    El procedimiento de solicitud es el siguiente: 

• La solicitud de moratoria sobre las deudas hipotecarias inmobiliarias se podrán solicitar al acreedor, hasta 15 días después del fin de la vigencia del RDL, acompañando a la solicitud la documentación necesaria para acreditar las condiciones subjetivas. 
• La entidad acreedora debe proceder a implementar la moratoria en un plazo máximo de 15 días. 
• La aplicación de la suspensión no requiere acuerdo entre las partes, ni novación contractual alguna, para que surta efectos, pero debe formalizarse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad. Esta escritura no podrá formalizarse durante la vigencia del estado de alarma y hasta que vuelva a restablecerse plenamente la libertad deambulatoria, pero ello no suspende la aplicación de la moratoria. 

Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción, serán satisfechos en todo caso por el acreedor y se bonifican en un 50%. 

• Si se acuerda una novación como consecuencia de la modificación del clausulado del contrato en términos o condiciones contractuales que vayan más allá de la mera suspensión, e tienen que incorporar, además de los otros aspectos que las partes pacten: 

– la suspensión de las obligaciones contractuales solicitada por el deudor,  – el no devengo de intereses durante la vigencia de la suspensión.  Efectos de la moratoria   – suspensión de la deuda hipotecaria;  – inaplicación de la cláusula de vencimiento anticipado que conste en el contrato de préstamo hipotecario;  – que la entidad acreedora no pueda exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje;  – que no se devenguen intereses;  – inaplicación de interés moratorio.     En el caso de que el deudor se haya beneficiado indebidamente de estas medidas de moratoria, por no reunir los requisitos indicados, será responsable de:  – los daños y perjuicios que se hayan podido producir,  – todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas de flexibilización,  – las responsabilidades de otro orden a que su conducta pueda dar lugar.  También incurre en responsabilidad el deudor que, voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de estas medidas.