¿Nuevo gobierno, fiscalidad nueva?…

PSOE

PODEMOS

Impulsaremos la aprobación de la Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, consistente en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. (Empresa de gran capitalización)

Fijar un impuesto de transacciones financieras que grave las ventas brutas en el mismo día, y no solo las netas, e incluya otras operaciones distintas a la compraventa de acciones (por ejemplo, derivados).

Establecer un impuesto a la banca que aumente 10 puntos el tipo impositivo de las entidades financieras en el impuesto sobre sociedades para recuperar el rescate bancario de 60 000 millones de euros que hicimos todas y todos los españoles a la banca.

Reformaremos la regulación del Impuesto sobre Sociedades, garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos.

Limitaremos las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades.

Estableceremos mejoras en la fiscalidad para las PYMES, de modo que aquellas sociedades que facturen menos de un millón de euros pasen de tributar de un tipo de gravamen del 25% al 23%.

Eliminar los privilegios fiscales de las grandes corporaciones en el impuesto sobre sociedades y bajárselo a las pymes. 

Estableceremos un tipo efectivo mínimo, más eficaz y justo, del 15 % sobre el rendimiento neto positivo para los grupos empresariales, que se ampliaría hasta el 20 % para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Al mismo tiempo, rebajaremos el tipo para las pequeñas empresas (aquellas que facturen menos de un millón de euros) del 25 % al 23 %.

Evitar el uso de paraísos fiscales para la elusión fiscal en el impuesto sobre sociedades.

Aprobaremos la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal y elaboraremos una Estrategia nacional contra el fraude fiscal. Se reforzarán los medios dedicados a la lucha contra el fraude, se actualizará la lista de paraísos fiscales, se potenciará la prevención del fraude mediante la lista de morosos de la AEAT y se prohibirán las amnistías fiscales.

Ejerceremos un mayor control sobre las SICAV, de modo que la Agencia Tributaria pueda regularizar fiscalmente aquellos casos en los que no se cumplan los requisitos que establece la normativa financiera.

Eliminar los paraísos fiscales interiores en forma de privilegios de ciertos esquemas societarios.

Pondremos fin al régimen fiscal privilegiado de las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE) y de la tributación privilegiada de sicav, fondos y sociedades de inversión mobiliaria e inmobiliaria (SOCIMI).

Eliminaremos también el régimen de impatriados («Beckham»), que actualmente permite pagar un marginal de IRPF del 24 % a personas que se desplazan a España a trabajar con rentas de hasta 600 000 euros, en lugar del marginal máximo que les correspondería.

Publicar, de manera inmediata, la lista de amnistiados fiscales de los Gobiernos anteriores.  Asimismo, incluiremos la prohibición de decretar amnistías fiscales en la Constitución, ya que una simple previsión legal puede cambiarse con la siguiente mayoría parlamentaria.

incremento de dos puntos hasta el 24,5% en la parte estatal para las rentas que excedan de los 130.000 euros, y del 26,5% para las superiores a 300.000 euros,

pudiendo llegar a un 52% global en casos como el de Catalunya;

más una subida del 23 al 27% en las rentas del ahorro para quienes ingresan más de 140.000–.

Establecer un IRPF más justo y progresivo bajando los impuestos a los sueldos más bajos y aumentando el tipo a los más altos.

Por un lado, las rentas de más de 100 000 euros anuales contribuirán un poco más, con un 47 %, que llegará hasta el 55 % para rentas superiores a 300 000 euros anuales, y corregiremos la injusticia de que las rentas del capital (por productos financieros e inversiones) tributen mucho menos que las rentas del trabajo. Se eliminarán también las deducciones que benefician solo a quienes tienen rentas más altas.

Al mismo tiempo, se reducirá el tipo del primer tramo no exento del IRPF —el tramo más bajo— al 18 %.

Voluntad de armonización entre autonomías

Hacer el impuesto sobre sucesiones y donaciones más justo.  En colaboración con las comunidades autónomas, de forma que sea más progresivo y que las personas herederas con menor patrimonio preexistente y mayor grado de consanguineidad tengan cuotas reducidas. También introduciremos, en estos casos, facilidades de pago, como fraccionamientos o dación en pago de bienes hipotecados. Al mismo tiempo, armonizaremos este impuesto a escala estatal a partir de un mínimo de tributación para evitar la competencia fiscal entre territorios.

Impulsaremos los trabajos de la recién creada unidad central decoordinación de las actuaciones de control de contribuyentes conpatrimonios relevantes, que tendrá competencias para planificar, seleccionar, establecer criterios y coordinar las actuaciones en todo el territorio.

Propuesto de aumento del 1% del Impuesto de Patrimonio para las fortunas de más de 10 millones de euros, una medida que,  «habría que complementar con otras que eviten las bonificaciones existentes en la actualidad».

Crear un impuesto para las grandes fortunas que grave los grandes patrimonios con el fin de recaudar un 1 % del PIB de patrimonios superiores a un millón de euros, y de forma progresiva.  Se trata de un impuesto similar al que se está proponiendo para la UE y Estados Unidos.

Este impuesto sustituirá al actual impuesto sobre el patrimonio, que es inoperativo, y no podrá bonificarse por parte de las comunidades autónomas.